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Álvaro Uribe se convierte en el primer expresidente condenado en Colombia por fraude procesal y soborno a testigos
Álvaro Uribe se convierte en el primer expresidente condenado en Colombia por fraude procesal y soborno a testigos
La Redacción
Bogotá, Colombia. – En un hecho histórico para la justicia colombiana, una jueza condenó este lunes al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, en el marco de un prolongado proceso judicial que ha durado más de una década. Se trata del primer exmandatario colombiano hallado culpable en un juicio penal.
La jueza Sandra Liliana Heredia leyó durante casi diez horas el extenso fallo de más de mil páginas, en el que absolvió a Uribe de un tercer cargo relacionado con el presunto soborno a una fiscal, pero lo encontró culpable de intentar manipular testigos para desacreditar acusaciones sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
“La justicia no se arrodilla ante el poder, está al servicio del pueblo colombiano”, expresó Heredia al iniciar su lectura en el tribunal. La sentencia formal será dictada el próximo viernes, y cada uno de los cargos podría acarrear una pena de entre seis y doce años de prisión. Por su edad, Uribe podría cumplir condena en arresto domiciliario, en caso de que esta se ratifique.
Uribe, de 73 años, fue presidente entre 2002 y 2010 y es considerado uno de los políticos más influyentes del país en las últimas décadas. Participó en la audiencia de manera virtual junto a su abogado Jaime Granados, mientras que otro miembro de su defensa, Jaime Lombana, estuvo presente en la sala. El abogado Juan Felipe Amaya anunció que apelarán la decisión, la cual calificaron como “respetable, pero equivocada”.
Tanto simpatizantes como opositores del exmandatario se congregaron fuera del tribunal en una jornada cargada de tensión. Algunos seguidores portaban máscaras con su rostro en señal de apoyo, mientras sus críticos celebraban lo que consideran “la caída de un intocable”.
Un caso que marcó la política colombiana
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por supuestamente orquestar un complot en su contra mediante el testimonio de exparamilitares. Sin embargo, la Corte Suprema determinó en 2018 que Cepeda no había cometido irregularidades, sino que fue Uribe quien, junto a sus aliados, intentó manipular testigos.
El juicio ha estado rodeado de polémica, incluyendo intentos fallidos de la Fiscalía para archivar el caso. Las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, quien acusó a “jueces radicales” de instrumentalizar el poder judicial colombiano, reflejan la dimensión internacional del proceso.
Rubio afirmó en la red social X que “el único delito de Uribe ha sido defender incansablemente a su patria”, y advirtió sobre un “precedente preocupante”. Incluso se ha planteado en Washington reducir la ayuda no militar a Colombia por preocupaciones en torno al debido proceso.
Uribe lidera actualmente el partido de derecha Centro Democrático y fue senador antes y después de su presidencia. Es considerado el arquitecto de la política de seguridad democrática que debilitó a las guerrillas de izquierda, pero ha sido repetidamente señalado por sus supuestos nexos con el paramilitarismo.
Un juicio con repercusiones electorales
La condena llega a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, en las que varios aliados del expresidente competirán por el poder. Aunque sus seguidores lo defienden como un mártir político, sus detractores ven la decisión judicial como una señal de fortalecimiento del estado de derecho.
Uribe se une ahora a la lista de expresidentes latinoamericanos condenados o encarcelados por corrupción o crímenes similares, como Alberto Fujimori (Perú), Rafael Correa (Ecuador), Ricardo Martinelli (Panamá), Cristina Fernández (Argentina) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), aunque este último fue posteriormente absuelto.
Según la Comisión de la Verdad de Colombia, los grupos paramilitares —desmovilizados durante el gobierno de Uribe— fueron responsables de más de 205,000 muertes, lo que representa cerca de la mitad del total de víctimas del conflicto armado colombiano.
La decisión judicial contra Uribe marca un antes y un después en la historia política del país, y abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia en una nación profundamente marcada por décadas de violencia y polarización.