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Documentos revelan que Paulino Castro habría usado su poder político para acceder a tierras del Estado mientras operaba al servicio de una red de narcotráfico
Documentos revelan que Paulino Castro habría usado su poder político para acceder a tierras del Estado mientras operaba al servicio de una red de narcotráfico
SANTO DOMINGO. El caso del exregidor de Boca Chica Francisco Alberto Paulino Castro, alias “Francis” o “El Compadre”, dejó de ser un simple expediente judicial para convertirse en un símbolo de cómo la corrupción política y el crimen organizado pueden caminar de la mano durante años sin consecuencias.
Los documentos incautados durante los allanamientos realizados antes de su arresto no solo lo vinculan con la red del narcotráfico desmantelada en la Operación Kraken, sino que exponen una verdad incómoda: Paulino Castro habría utilizado su peso político para abrirse paso en oficinas públicas y obtener tierras del Estado bajo condiciones que ciudadanos comunes jamás habrían logrado.
Acceso VIP al patrimonio del Estado
Entre los papeles ocupados, destaca una certificación del CEA de diciembre de 2014, totalmente a su favor, acompañada de una declaración jurada de inmueble y una certificación de la Alcaldía de Boca Chica. A esto se suma una “no objeción” oficial emitida meses antes, también para él, que autorizaba la venta de terrenos estatales.
Estas coincidencias dejan de parecer trámites administrativos para convertirse en indicios claros de que Paulino Castro movía hilos dentro del engranaje estatal, accediendo a propiedades del Estado como si fueran parte de un catálogo personal.
Un pasado criminal que nunca lo detuvo —y que ahora lo alcanza
En 2010, Paulino Castro fue arrestado por vínculos con el narcotráfico, pero nunca llegó a ser procesado. Esa omisión judicial fue la puerta que necesitaba para rearmar su figura pública, obtener certificados de buena conducta sin obstáculos y, finalmente, llegar a ser regidor en 2020, incluso presidiendo la Sala Capitular de su municipio.
Hoy, ese ascenso político se revisa como parte de un patrón de influencia, protección y crecimiento paralelo al crimen organizado, un esquema que —según la Fiscalía— le permitió operar bajo una falsa legitimidad.
Propiedades, empresas y terrenos: el rompecabezas del dinero ilícito
La solicitud de medida de coerción revela que Paulino Castro acumuló múltiples terrenos rurales y propiedades de alto valor, cuyo origen está siendo trazado por las autoridades. La hipótesis del Ministerio Público es contundente:
Buena parte de esos bienes habrían sido adquiridos con dinero del narcotráfico.
Los fiscales aseguran que las propiedades servían para:
• operaciones encubiertas,
• almacenamiento logístico,
• pagos y movimientos ilícitos,
• y lavado de activos disfrazado como inversiones inmobiliarias.
El expediente describe la red de la que formaría parte Paulino Castro como una estructura con métodos de narcoterrorismo, con poder territorial y capacidad de intimidación.
Territorio, poder y crimen: una alianza que marcó a Boca Chica
La Operación Kraken reveló que la organización tenía control en Boca Chica, Andrés, La Caleta y alrededores del Puerto Multimodal Caucedo, zonas claves para el movimiento de cargamentos ilegales.
Y es precisamente en ese mismo corredor donde Paulino Castro:
• adquirió terrenos del Estado,
• instaló empresas,
• expandió sus bienes,
• y construyó su plataforma política.
La Fiscalía sostiene que esta coincidencia no es fortuita: la influencia política le habría servido para blindar su territorio, y el territorio para fortalecer la red criminal.
Diez años de maniobras bajo el radar
Desde su arresto en 2010 hasta su elección en 2020, Paulino Castro logró mantenerse fuera de prisión, ganar poder local y construir una red de influencias mientras acumulaba propiedades que hoy están bajo lupa.
La agresividad de los hallazgos apunta a un modelo claro: poder político como escudo, tierras del Estado como botín y narcotráfico como motor financiero.
Una fórmula peligrosa que hoy comienza a derrumbarse.
COMUNICADO OFICIAL
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